Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, en primera instancia, una reforma constitucional que habilita la pena de cadena perpetua, una medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele que rompe con una prohibición histórica en la Carta Magna del país. La iniciativa, presentada por el partido oficialista Nuevas Ideas con 57 firmas, obtuvo 59 votos a favor y solo uno en contra durante una sesión plenaria que se desarrolló sin estudio ni debate previo, según reportaron diversos medios. La reforma, que forma parte de un paquete más amplio de cambios legales en materia de seguridad, aún requiere una ratificación en una futura sesión para entrar en vigor.
El proceso legislativo fue rápido y refleja el amplio control que el oficialismo mantiene en el órgano legislativo, donde cuenta con una mayoría calificada. La aprobación se da en el contexto de un estado de excepción vigente desde marzo de 2022, prorrogado continuamente, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno contra las pandillas y el crimen organizado. La ministra de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada oficialista Suecy Callejas estuvieron entre los principales impulsores de la iniciativa.
Según la información disponible, la propuesta recibió el respaldo de casi la totalidad de los 60 diputados, con un único voto en contra. Fuentes como EL PAÍS América señalaron que incluso dos legisladores de oposición apoyaron la reforma, aunque no se especificaron sus identidades. Tampoco se identificó al diputado que votó en contra. El presidente de la cámara, Ernesto Castro, condujo la sesión donde se logró el quórum necesario para modificar la Constitución.
La cadena perpetua representa un cambio radical en el sistema penal salvadoreño, que tradicionalmente había establecido límites máximos a las condenas. La reforma constitucional es el primer paso de un paquete legislativo más amplio que, según Aristegui Noticias, incluye modificaciones a otras leyes para implementar la medida. El gobierno argumenta que es una herramienta necesaria para combatir a los criminales más peligrosos y dar una respuesta contundente a la población que demanda seguridad.
Críticos y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre los riesgos de esta medida en un contexto donde el estado de excepción ha sido cuestionado por suspender garantías fundamentales y llevar a la detención de miles de personas. La falta de debate parlamentario profundo también ha sido señalada como una preocupación, al tratarse de una alteración significativa de los principios constitucionales. La sesión de ratificación, necesaria para que la reforma entre en vigencia, aún no tiene una fecha concreta, pero se espera que se realice en las próximas semanas dado el control oficialista en la Asamblea.
Esta aprobación consolida la política de “mano dura” del gobierno de Bukele, que ha centrado su narrativa en una guerra frontal contra las pandillas y ha obtenido altos niveles de popularidad interna a pesar de las críticas internacionales. El próximo paso será la ratificación legislativa y, posteriormente, la adecuación del marco legal secundario para definir los delitos y condiciones bajo las cuales se aplicaría la cadena perpetua, marcando un nuevo capítulo en la política de seguridad de El Salvador.
