Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que no se concretó. La resolución judicial fue emitida tras una audiencia que inició el lunes 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió por casi 24 horas, según reportes de la prensa local.
La autoridad judicial, identificada como el juez Gerardo Anguiano Ceja, consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal. La acusación se centra en un contrato plurianual por 30 años con un costo total de 4,500 millones de pesos, que contemplaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos y un desembolso inicial de la misma cifra. El proyecto tenía como objetivo dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, pero la planta nunca fue construida.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, conformada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para intentar desestimar la imputación. Los defensores señalaron que los pagos de 123 millones de pesos se realizaron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla en octubre de 2021. Asimismo, argumentaron que el delito de uso ilícito de facultades no aplicaba porque el proyecto se trataba de un contrato de adquisición de servicio y no de un crédito fiscal.
Pese a las líneas argumentativas de la defensa, el juez resolvió vincular a proceso al exfuncionario por los tres delitos señalados. Esta decisión marca un avance relevante en un caso que se había mantenido estancado durante casi cuatro años desde la presentación de la denuncia, debido principalmente al fuero constitucional con el que contaba Bonilla durante su etapa como senador. Fue hasta inicios de marzo de 2026 cuando se giró una orden de presentación en su contra, lo que permitió retomar el curso del procedimiento judicial.
Como parte de la resolución, el juzgador estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes deberán presentar pruebas adicionales. El proceso judicial ocurre en un contexto de conflicto político entre el exgobernador, quien actualmente es dirigente del Partido del Trabajo, y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, cuyo gobierno ha presentado diversas denuncias penales por actos cometidos durante la administración anterior.
La vinculación a proceso de Jaime Bonilla representa un precedente en la fiscalización de exfuncionarios de alto nivel en la entidad. El seguimiento jurídico determinará la responsabilidad del exmandatario en la ejecución del contrato y los posibles efectos de su gestión sobre las finanzas estatales, mientras se mantiene la expectativa sobre el desarrollo de las próximas etapas del juicio.
