Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, al definir el expediente como un asunto de Estado que no puede ser resuelto mediante beneficios penitenciarios. La declaración de la jefa del Ejecutivo se produce en un contexto de tensión política, tras las afirmaciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien señaló que la titular del Ejecutivo cuenta con la facultad legal para conceder el indulto, pero carece de la voluntad política para hacerlo.
De acuerdo con la postura presidencial, la decisión de no intervenir en la situación jurídica de Aburto Martínez responde a la naturaleza del crimen, el cual marcó un hito en la historia contemporánea de México y cuya resolución debe mantenerse al margen de discrecionalidades administrativas. Sheinbaum enfatizó que la gravedad del hecho, que truncó la vida del candidato presidencial del PRI hace más de tres décadas, impide considerar cualquier tipo de clemencia que pudiera reinterpretar la sentencia vigente.
La controversia se avivó por la contradicción explícita entre la visión del gobierno federal y la postura del hijo de la víctima. Mientras el senador por Nuevo León, quien aspira a la gubernatura de Sonora, insiste en que la herramienta del indulto está disponible en el marco jurídico actual, la presidenta ha cerrado la puerta a esta opción. Durante su intervención, Sheinbaum realizó comentarios irónicos respecto a las ambiciones políticas de Colosio Riojas, cuestionando su intención de buscar la gobernatura de Sonora mientras ejerce el cargo de senador por Nuevo León.
El caso mantiene abiertas diversas líneas de investigación judicial, particularmente en torno a la hipótesis de un segundo tirador. Documentos del Poder Judicial de la Federación, citados por medios de comunicación, han mantenido viva la discusión sobre la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El procedimiento de apelación relacionado con Sánchez Ortega se encuentra actualmente en suspenso, lo que añade complejidad al panorama legal sin que exista una resolución definitiva sobre esta vertiente del crimen.
A pesar de las especulaciones que han surgido en el debate público, la Fiscalía General de la República no ha emitido comunicados que confirmen la existencia de un complot organizado detrás del magnicidio, limitándose a los procesos judiciales en curso. La posición del gobierno actual busca desvincular el tema de la coyuntura electoral y las acusaciones de uso político, aunque el senador Colosio Riojas ha denunciado que el régimen utiliza el caso para generar ruido mediático y justificar acciones administrativas cuestionables.
Con este pronunciamiento, la administración de Sheinbaum establece una línea clara sobre el tratamiento de los crímenes de alto impacto histórico, negando cualquier beneficio a los responsables condenados y dejando el curso de la justicia en manos de las resoluciones judiciales pendientes sobre los posibles coautores intelectuales o materiales que aún no han sido plenamente esclarecidos ante la opinión pública.
