Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. La decisión judicial se tomó en una audiencia celebrada en la capital del país, donde la autoridad determinó abrir el procedimiento penal en contra de la funcionaria de 73 años de edad.
De manera paralela a este proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación activa contra Estrada por su presunta implicación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según las fuentes consultadas, la exfuncionaria estaría relacionada con la desaparición de material clave para la indagatoria, específicamente los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fecha en que ocurrieron los hechos.
La vinculación a proceso por los hallazgos de cartuchos y medicamentos controlados establece un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, la autoridad judicial recabará más elementos para definir la situación legal definitiva de la involucrada, quien enfrenta ahora cargos federales por el armamento y las sustancias encontradas en su posesión.
El caso de Ayotzinapa representa uno de los episodios más críticos en la historia reciente de México, y la posible ocultación o destrucción de evidencia audiovisual ha sido un punto focal en las recientes diligencias de la FGR. La pérdida de dichos registros dificulta la reconstrucción de los movimientos de los estudiantes la noche de su interceptación por parte de autoridades locales.
Con esta vinculación, se suma un nuevo capítulo judicial a las consecuencias derivadas de la desaparición de los normalistas, involucrando a funcionarios que ocuparon cargos de responsabilidad en la Procuraduría de Justicia de Guerrero durante el periodo de los hechos. La estrategia legal de la Fiscalía busca esclarecer tanto los delitos flagrantes descubiertos como la obstrucción de la justicia en el caso principal.
