Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, en relación con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. La decisión fue emitida por la jueza federal Nora Ileana García Peralta, quien decretó prisión preventiva oficiosa para la funcionaria, quien quedará resguardada en el penal de Santa Martha Acatitla.
De acuerdo con la información disponible, la medida cautelar se dictó el 19 de marzo de 2026 en la Ciudad de México. Aunque existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a la tipificación exacta de los delitos, se menciona que la vinculación podría estar relacionada con la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, hallazgos que surgieron en el contexto de la investigación principal. Otras versiones apuntan a delitos contra la salud como parte de la acusación formal.
La investigación de la FGR también abarca a otra exfuncionaria identificada únicamente como Margarita A., cuya participación y situación legal se mantienen bajo reserva o en proceso de definición por las autoridades judiciales. No se ha especificado si ambas mujeres enfrentan los mismos cargos o si la vinculación de Estrada Ortega es directa por el caso de los estudiantes o por delitos descubiertos durante las diligencias de la procuración de justicia.
El caso Ayotzinapa, que conmemora la pérdida de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, ha incluido en sus líneas de investigación la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. La presencia de exfuncionarios en estas acusaciones marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los hechos de septiembre de 2014.
La FGR cuenta con un plazo de dos meses para continuar con las investigaciones correspondientes tras esta vinculación. La decisión judicial representa un avance en las acciones legales contra funcionarios que podrían haber tenido relación con la obstrucción de la justicia o la comisión de ilícitos durante el periodo en que se gestionó el caso en la entidad guerrerense.
