Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República un paquete de reformas electorales conocido como ‘Plan B’, el cual se enfoca en medidas de austeridad y recortes presupuestales tras el rechazo de una reforma constitucional más amplia. La iniciativa, presentada durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional, propone reducir el número de regidurías municipales, establecer topes de gasto para congresos locales y reducir progresivamente el presupuesto del Senado, además de mantener la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial para el año 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar las propuestas, las cuales buscan avanzar en lo que el gobierno denomina ‘austeridad republicana’. Entre las medidas concretas se encuentra la reducción de regidurías municipales a un máximo de 15 y un mínimo de 7, así como la imposición de un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del gasto estatal total. Para el Senado de la República, se plantea una reducción progresiva de sus gastos hasta alcanzar un 15%.
Este ‘Plan B’ surge como una respuesta política luego de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional propuesta previamente por Sheinbaum, que incluía la reducción de legisladores plurinominales y cambios al financiamiento de los partidos políticos. Al centrarse en aspectos de gasto y estructura local que no requieren modificar la Constitución, o que podrían tener mayor consenso, el gobierno busca una vía alternativa para cumplir sus objetivos de ajuste en el sistema político.
La inclusión de la elección de juzgadores para 2027 generó reacciones inmediatas en la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, ya se pronunció al respecto, aunque la investigación no detalla el contenido completo de su declaración. La propuesta parece consolidar una fecha (2027) que previamente se analizaba posponer hasta 2028, según fuentes partidistas.
El contexto político indica que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación insiste en su agenda de reducción del costo de la política, aunque ahora a través de una estrategia legal diferente. La iniciativa llega al Senado en un momento donde la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas será crucial para su aprobación, dado que las medidas, aunque de menor alcance que una reforma constitucional, aún requieren mayorías legislativas. La falta de una postura detallada de otros partidos como Morena, PAN, PRI, PRD, PT o PVEM deja abierto el escenario para las negociaciones en el Congreso.
