Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Comisión Permanente y las fuerzas políticas en el Senado ultiman detalles para la votación del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que podría someterse a aprobación en el pleno el próximo miércoles 25 de marzo, según lo anunciado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que el objetivo es concluir el proceso antes de la Semana Santa.
La propuesta constitucional ha generado un intenso debate entre los legisladores. Mientras el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen su apoyo general a la iniciativa, aunque con reservas internas sobre ciertos aspectos, la oposición representada por el PRI ha elevado el tono de sus críticas. El senador Manuel Añorve Baños calificó la reforma como un intento de control político, etiquetándola peyorativamente como ‘el Plan Maduro’ y equiparando sus efectos a un golpe de Estado, según reportes de medios que cubren la dinámica legislativa.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es su impacto financiero y administrativo en los municipios. El diputado Elías Lixa Abimerhi señaló que la iniciativa generará un aumento en el gasto público en lugar de un ahorro, debido a que obliga a aproximadamente 1,100 municipios a ampliar el tamaño de sus cabildos, mientras que solo 56 verían una reducción. En el caso específico de Yucatán, se estima que el 74% de los municipios tendría que incrementar su cabildo, creando 221 regidurías adicionales, lo que ha sido cuestionado por legisladores de partidos opositores.
Además de la estructura municipal, la inclusión de la revocación de mandato en el texto constitucional ha sido objeto de análisis jurídico. Columnistas y analistas políticos han argumentado que este mecanismo resulta improcedente en el contexto actual, dado que la Constitución exige una ‘pérdida de confianza’ demostrada hacia la presidenta para activar dicho proceso, condición que no se ha presentado hasta el momento. Esta disposición es vista por críticos como una herramienta para permitir una campaña permanente del Ejecutivo.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, ha insistido en la necesidad de aprobar las leyes secundarias derivadas de esta reforma para fortalecer la participación ciudadana y ajustar el funcionamiento de los órganos electorales. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la fecha exacta de la votación final, pues aunque existe un plan para aprobarla el 25 de marzo, no hay una confirmación oficial definitiva que garantice el cumplimiento de este cronograma ante las posibles negociaciones de última hora en el Senado.
La aprobación de este ‘Plan B’ marcaría un cambio significativo en la arquitectura electoral del país, consolidando las reformas impulsadas por la administración de Sheinbaum y modificando la composición de los gobiernos locales en la mayor parte del territorio nacional, un movimiento que definirá la relación de fuerzas políticas para los próximos años.
