Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información relacionada con su parque vehicular, el cual consta de 151 unidades en uso. La resolución, emitida por el Comité de Transparencia del Alto Tribunal, responde a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de 2026 y oculta datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de los automóviles, así como la asignación específica a los ministros desde 1994.
En su argumentación oficial, la SCJN justificó la medida al señalar que hacer públicos estos detalles “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. El organismo enfatizó que la reserva es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”, estableciendo así un precedente de opacidad sobre los bienes mobiliarios de la institución.
Como consecuencia de esta decisión, queda bajo reserva el monto total invertido en el parque vehicular de 151 unidades. Asimismo, no se dará a conocer el modelo y costo específico de cada vehículo, categoría que incluye a las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee cuya adquisición fue revelada recientemente. La información faltante abarca también los nombres de los ministros titulares a quienes se han asignado dichos vehículos y las placas correspondientes.
Medios de comunicación como El Siglo de Torreón y El Universal reportaron que, además de los datos financieros y técnicos, la Corte rechazó hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia en el periodo comprendido entre 1994 y la fecha actual. La solicitud original de transparencia no había pedido datos de asignación específica ni el emplacado, pero la resolución extendió la reserva a estos rubros.
Esta medida de transparencia restringida se produce en un contexto donde la adquisición de vehículos blindados para los ministros ha generado atención pública. La determinación del Comité de Transparencia busca blindar la logística de movilidad de los altos funcionarios judiciales, priorizando argumentos de protección personal sobre el principio de máxima publicidad que rige para las instituciones del Estado mexicano.
