Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debate por tercera vez un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama para resolver si el monto de las indemnizaciones civiles por muerte debe calcularse con base en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una decisión que tiene una diferencia económica sustancial para los deudos. El análisis surge ante una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Salas del máximo tribunal, donde una resolvió que se puede usar el salario mínimo para compensar el lucro cesante y la otra determinó que es constitucional emplear la UMA.
El caso llega al pleno de la Corte a través de una denuncia de contradicción de tesis presentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. La disparidad en los criterios genera incertidumbre jurídica, ya que el monto final de la indemnización para las familias varía enormemente dependiendo de qué parámetro se utilice. Para 2026, el salario mínimo diario es de 315.04 pesos, mientras que la UMA diaria es de 117.31 pesos, lo que representa una diferencia de casi 200 pesos por día en el cálculo.
En marzo de 2024, la extinta Primera Sala de la SCJN resolvió en un precedente que, para el cálculo del lucro cesante en una indemnización por muerte, era posible utilizar como referencia el salario mínimo. Este criterio buscaba una compensación más justa para los familiares de la víctima, considerando la pérdida de ingresos. Sin embargo, en julio del mismo año, la también extinta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 363/2024, determinó que emplear la UMA para dicho cálculo no era inconstitucional, generando así el conflicto de interpretación que ahora debe dirimir el pleno.
El proyecto de sentencia de la ministra Lenia Batres, que se discute en esta tercera ocasión en la que se ha programado, busca establecer un criterio unificado y obligatorio para todos los tribunales del país. La decisión final de los ministros tendrá un impacto directo en miles de juicios civiles y de responsabilidad civil derivada del fuero común, estableciendo si las familias recibirán indemnizaciones sustancialmente mayores o menores.
El debate se enmarca en un contexto más amplio sobre la justicia reparadora y el valor de la vida en los procesos legales mexicanos. La resolución que emita el pleno no solo zanjará una contradicción técnica, sino que definirá el parámetro económico que los jueces deberán aplicar para cuantificar el daño por la pérdida de un familiar, un tema con profundas implicaciones sociales y económicas para los deudos que buscan justicia.
