Lima, 24 de marzo de 2026.- Ángelo Alfaro Lombardi renunció a su cargo como ministro de Energía y Minas de Perú tras ser denunciado públicamente por Jennifer Canani, quien lo acusa de haberla violado en el año 2000 cuando ella tenía 16 años. La salida del funcionario, confirmada este fin de semana, marca la octava renuncia ministerial en la administración del presidente José María Balcazar.

La denuncia se refiere a hechos ocurridos en la ciudad de Pucallpa hace más de dos décadas. Según el contexto de la acusación, en aquel tiempo Alfaro Lombardi tenía 47 años y ejercía un cargo gerencial en una empresa eléctrica, mientras que Canani cursaba el quinto año de secundaria. La denunciante afirma que los padres de ella fueron contactados por el ahora exministro, quien prometió reconocer al niño producto del embarazo si le permitían convivir con la joven.

Ante la difusión de la acusación, Ángelo Alfaro Lombardi presentó su renuncia al gobierno. Aunque la investigación no detalla la hora exacta ni la reacción oficial inmediata del presidente Balcazar, la dimisión se produce en un escenario de contradicción entre las versiones: la denunciante sostiene que fue víctima de un delito sexual, mientras que el exministro ha negado los hechos y ha sugerido que existe una intención económica detrás de la imputación. Hasta el momento, no se ha reportado información sobre la existencia de procesos judiciales abiertos o cerrados relacionados con este caso.

La partida de Alfaro Lombardi incrementa la rotación en el gabinete de José María Balcazar, quien enfrenta su octava salida de un titular de cartera. La inestabilidad ministerial se acentúa en medio de la gravedad de las acusaciones que involucran a un alto funcionario del Estado y hechos que datan de 26 años atrás.

La situación mantiene al gobierno peruano bajo escrutinio, dada la naturaleza de la denuncia y la falta de resolución judicial reportada en las fuentes disponibles. Mientras la versión de Canani señala un abuso de poder y violencia sexual en el pasado, la defensa de Alfaro apunta a una motivación patrimonial, dejando el caso en un estado de controversia pública sin veredicto legal confirmado.