Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- En medio del debate legislativo por la reforma electoral denominada ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieron discrepancias internas en la alianza gobernante respecto a la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, manifestó su oposición a dicha medida al considerar que generaría inequidad política e inestabilidad, pudiendo derivar en periodos presidenciales reducidos a solo tres años.
Sandoval Flores reconoció abiertamente la existencia de “puntos de vista diferentes” con Morena sobre este aspecto específico de la iniciativa. El legislador petista argumentó que vincular ambos procesos podría otorgar una ventaja desproporcionada al partido en el poder y alterar la estabilidad democrática del país. Esta postura contrasta con la confianza expresada por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien aseguró contar con el respaldo del PT y del PVEM basado en un acuerdo firmado previamente, aunque admitió la presencia de voces disidentes sobre la autopromoción del Ejecutivo durante la consulta.
Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que, de ser consultado por la presidenta, le aconsejaría que “no es necesario que se someta a la revocación de mandato”, no obstante, confirmó que su bancada votará a favor de la reforma. Esta dualidad entre la opinión personal y la disciplina de partido refleja la complejidad del consenso dentro de la coalición legislativa.
En cuanto a la postura oficial del PT, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la fracción, indicó que “hasta el momento” el respaldo de su organización a la enmienda se mantiene firme, conforme a lo definido por la dirigencia nacional. Sin embargo, persisten señales de análisis interno, ya que Sandoval Flores ha señalado que la postura definitiva sobre la revocación permanece bajo evaluación y será determinada por los senadores, reconociendo que el tema “sigue haciendo ruido” al interior de su fuerza política.
Desde el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Uuc-kib Espadas Ancona ofreció una perspectiva distinta al calificar como un “punto positivo” la posibilidad de que la presidenta promueva la consulta de revocación. El funcionario electoral consideró que el impedimento actual para que el titular del Ejecutivo haga campaña durante este proceso representa un “contrasentido democrático”, alineándose parcialmente con el espíritu de la propuesta gubernamental.
El debate se centra en la modificación del artículo 135 constitucional y otros elementos relacionados con la paridad de género, pero el punto más controvertido sigue siendo la facultad de la titular del Ejecutivo para promover el voto a su favor durante un proceso de revocación simultáneo a elecciones legislativas. La votación en el pleno del Senado se espera para la próxima semana, donde se definirá si las reservas de los aliados logran modificar el texto final o si prevalece la propuesta original de la presidencia.
