Por Redacción

Morelos, 22 de marzo de 2026.- La periodista Verónica Bacaz denunció públicamente haber recibido amenazas por parte del diputado morenista Rafael Reyes Reyes, a quien señaló como responsable de cualquier agresión que pudiera sufrir ella, su familia o sus compañeros. La denuncia surge en el contexto de un adeudo de 120 mil pesos correspondiente a un convenio de publicidad entre el medio donde labora la reportera y el legislador.

En sus declaraciones, Bacaz expresó de manera contundente que, si llegara a ocurrirle algún incidente a partir de este momento, la responsabilidad recaería directamente sobre el diputado de Morena y sus aliados. “Si algo me pasa a partir de este momento, quiero decir que el responsable es el diputado morenista Rafel Reyes Reyes y los diputados aliados que estén con él”, afirmó la comunicadora, quien en su testimonio varió la grafía del nombre del acusado.

Ante la gravedad de los hechos, la periodista solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar su seguridad. “Quiero que se activen los Mecanismos de Protección para Periodistas, porque si le pasa algo a mí, a mi familia y compañeros, se investigue principalmente a Rafael Reyes Reyes”, detalló en su llamado para que se establezca un nexo causal entre el legislador y posibles actos de violencia en su contra.

La denuncia de Bacaz se enmarca en un escenario político particular para el estado de Morelos, pues la periodista señaló que esta sería la primera amenaza registrada contra una comunicadora bajo la administración de Margarita González Saravia, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la gubernatura de la entidad por el partido Morena. El conflicto reportado gira en torno a la disputa financiera por los 120 mil pesos adeudados del convenio publicitario, motivo que la periodista vincula directamente con las intimidaciones recibidas.

Hasta el momento, no se han presentado declaraciones oficiales por parte de Rafael Reyes Reyes ni de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local respecto a las acusaciones vertidas por la periodista. La situación pone de manifiesto la tensión entre la prensa y funcionarios públicos en la región, activando la alerta sobre la necesidad de aplicar los protocolos de protección existentes para garantizar el ejercicio libre del periodismo en la entidad.