Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile la situación del desplazamiento forzado interno en México, un fenómeno que ha afectado a casi 400,000 personas entre 2016 y 2024. La petición se da en un contexto donde persisten fallas en la procuración de justicia, evidenciadas en la reciente absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, y donde el Estado mexicano ha reconocido parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas.

De acuerdo con datos citados por las organizaciones, el desplazamiento forzado en México ha sido documentado principalmente en estados como Morelos y Guerrero, en contextos de disputas territoriales y presencia de grupos del crimen organizado. Solo en 2024, cerca de 28,900 personas fueron afectadas por este fenómeno, cifra que aumentó a 15,795 en 2025. Las entidades legales y estatales suelen estar vinculadas a las actividades del crimen organizado trasnacional, que va más allá del narcotráfico.

En paralelo, la lucha contra el crimen organizado muestra serias deficiencias. La Fiscalía General de la República presentó pruebas insuficientes contra Javier ‘N’, único detenido por el homicidio del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019. Durante el proceso, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones, lo que llevó a un juez a decretar la absolución por falta de elementos para vincularlo a proceso.

En otro caso emblemático, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, un joven indígena nahua asesinado en 2020 por elementos del Ejército en Guerrero, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas y medidas de reparación integral, que aún no se han detallado públicamente.

Estos casos ilustran los retos que enfrenta México para garantizar justicia y seguridad a su población, en medio de una violencia multifacética que combina crimen organizado, deficiencias institucionales y violaciones a derechos humanos. La solicitud a la CIDH busca presionar para que el gobierno federal implemente políticas públicas efectivas para atender a las víctimas de desplazamiento forzado y para que se investiguen y sancionen los crímenes contra defensores y civiles.