Por Monserrat Californias
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red TDT hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que cumpla su compromiso público de revisar y fortalecer el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Señalan que este instrumento se encuentra en “parálisis institucional”, sin sesiones, sin seguimiento y carente de acciones concretas.
Actualmente existen 26 declaratorias de AVGM en 23 entidades, pero su aplicación ha sido deficiente desde la desaparición de Conavim y el traspaso de funciones a la Secretaría de las Mujeres. Esto ha provocado fallas en la coordinación y seguimiento de las medidas decretadas.
Las cifras oficiales respaldan su preocupación: de enero de 2015 a abril de 2025 se han registrado 34 715 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo el 24.6 % son investigados como feminicidios, y además hay 29 509 mujeres desaparecidas sin localizar. Estas estadísticas revelan una crisis negligente en justicia y prevención.
OCNF y Red TDT solicitaron que Sheinbaum y la titular Citlalli Hernández convoquen las sesiones pendientes del AVGM, cumplan las medidas decretadas, reactiven procedimientos paralizados y transparenten los avances mediante cronogramas y reportes públicos.
Este reclamo surge en sintonía con el diagnóstico del Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW), que en su revisión a México criticó la violencia estructural, impunidad, deficiente recolección de datos y falta de voluntad política. El comité emite recomendaciones para fortalecer las AVGM y la respuesta del Estado.
Las organizaciones también instaron a la creación de una comisión de seguimiento que integre actores gubernamentales, academia, sociedad civil e instancias internacionales. Piden además indicadores claros, informes semestrales y una reunión de alto nivel en no más de 60 días para formalizar una estructura de vigilancia efectiva.
OCNF y Red TDT advierten que la omisión continuará dejando a millones de mujeres en situación de riesgo y desprotección. Enfatizan que el Estado debe respaldar su compromiso con acciones reales, no solo con discursos.
