Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentaron los primeros resultados de la implementación de la nueva Ley General de Aguas, la cual ha permitido una recaudación estimada de 6,300 millones de pesos adicionales para 2026, un incremento del 21% respecto al año anterior. La administración federal destacó que el objetivo central de la normativa es acabar con los privilegios de los comercializadores privados para garantizar que todos los usuarios sean iguales ante la ley.
De acuerdo con las cifras oficiales expuestas en la conferencia de prensa, la nueva legislación ha permitido detectar 18 títulos de concesión que suman 2.8 millones de metros cúbicos sin pago, así como 10 títulos con registros de sobreexplotación. Además, se identificaron 42 concesiones que operan sin medidor y 10 más con historial de impago. Efraín Morales López precisó que en 2025 la recaudación ya había aumentado en 3,500 millones de pesos, y proyectó que en el presente año se sumarían los 6,300 millones adicionales gracias a la aplicación estricta de la ley.
Entre los casos específicos de irregularidades señalados por las autoridades figura la situación en Querétaro, donde la familia Calzada concentra 628,000 metros cúbicos de agua distribuidos en cinco títulos. Según el director de Conagua, los pozos registrados bajo uso agrícola por este grupo son destinados en realidad para comercializar agua en pipas, abastecer desarrollos inmobiliarios y servir a un club de polo. En el mismo contexto se mencionó el caso de Zacatecas, donde siete títulos originales fueron transformados en 50, generando ganancias de hasta 54 millones de pesos.
En cuanto a la regularización del abastecimiento en regiones críticas, Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, informó que la entrega de títulos de concesión a los municipios de Baja California —incluyendo Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada— asegura el suministro de agua para los próximos 30 años. Se detalló que estos municipios han pagado 531 millones de pesos a un distrito de riego en los últimos cinco años, un flujo financiero que la nueva ley busca ordenar para beneficiar directamente a los usuarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la reforma aprobada por el Senado en diciembre de 2025 elimina las transmisiones de concesiones entre particulares, limita las cuotas de garantía y sanciona el acaparamiento y el mercado negro del agua. La medida tiene como fin devolver las concesiones a usuarios directos, como municipios y pequeños productores, cerrando la brecha de desigualdad en el acceso al recurso hídrico que prevalecía bajo el marco legal anterior.
Con la publicación de estos primeros datos, el gobierno federal establece el precedente de la aplicación de la Ley General de Aguas como una herramienta de fiscalización y redistribución, marcando el inicio del ciclo de riego 2026-2027 con un enfoque en la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de todos los concessionarios.
