Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General. La decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso y señaló que es una decisión parcial y sesgada. El gobierno mexicano acusó que el documento se presentó con omisión, pues no consideró información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación. Además, la administración actual indicó que el reporte omite observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025.
Por su parte, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU no consideró los esfuerzos institucionales y rechazó estudiar la información actualizada que proporcionó el Estado. Según el CED, la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
El gobierno argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. No obstante, México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819. De estas, 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Sobre la responsabilidad estatal, el gobierno de México reclamó que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de violaciones. “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, indicó el Gobierno de México.
En contraste, Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, stated: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El CED tomó nota de la postura del Gobierno de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, pero señaló que en algunos casos recibió información fundamentada sobre participación directa de funcionarios públicos.
La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno. “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”, mencionó la organización.
