Por Luis Martínez Alcántara
El gobierno mexicano extraditó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y conocido como el “Narco de Narcos”. Esta acción se produce en medio de presiones de la administración del presidente Donald Trump, que amenazaba con imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas debido al tráfico de drogas y la migración ilegal.
Entre los extraditados también se encuentran Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes del cártel de Los Zetas, así como Vicente Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez y Antonio Oseguera Cervantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos individuos enfrentan cargos por homicidio, tráfico de drogas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego en diversas jurisdicciones estadounidenses.
La extradición masiva coincide con reuniones de alto nivel en Washington entre funcionarios mexicanos y el equipo del presidente Trump, buscando evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Analistas consideran que esta medida representa un gesto de buena fe por parte de México para demostrar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó la extradición de Caro Quintero como un hito significativo, dado su papel en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Su captura en 2022 y posterior entrega a las autoridades estadounidenses marcan un avance importante en los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, expertos advierten que estas acciones podrían desencadenar un aumento de la violencia a corto plazo en México, ya que las organizaciones criminales podrían reconfigurarse tras la detención de sus líderes. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado las operaciones contra el narcotráfico, buscando demostrar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y mantener la estabilidad en el país.