Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Senado recibió una iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo federal que busca dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una ley general en materia de feminicidio. La presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo, informó sobre la recepción del documento.

La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para incluir el feminicidio entre las materias sobre las cuales diputados y senadores pueden legislar. El objetivo declarado es homologar la investigación, persecución, tipificación y sanción del feminicidio en todo el país.

Según los antecedentes expuestos, el feminicidio se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas. Esta diversidad normativa ha generado diferencias sustantivas en los tipos penales, criterios distintos para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones no homologadas. Cada Estado tiene su propia forma de investigar, sus agravantes y su entendimiento de las ‘razones de género’.

La iniciativa contiene penas que fluctúan entre los cuarenta y setenta años de prisión, incluye sanción para la tentativa y agravantes amplias. Asimismo, propone un protocolo nacional homologado de investigación. Actualmente, México cuenta con un marco preventivo y correctivo amplio, incluyendo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y un protocolo federal de investigación ministerial y policial con perspectiva de género elaborado desde la etapa de la Procuraduría General de la República (PGR) y disponible en la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, Laura Itzel Castillo declaró que la medida “nos permitirá legislar para que ninguna mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.

Por otro lado, Benigno Licea González expresó críticas hacia el proyecto: “Sostenemos que esta iniciativa de inicio no resuelve absolutamente nada del problema estructural relativo al feminicidio en la República Mexicana”. Agregó que, aunque el proyecto parece producir mayor coherencia formal, “no equivale a construir una efectiva y cierta prevención real, una auténtica policía ‘científica, robusta y con gran capacidad de investigación de alta calidad'”.

Licea González concluyó su postura señalando: “Sostengo que un protocolo homogéneo en manos incompetentes solo estandariza la torpeza”.