Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- Un tribunal colegiado otorgó un amparo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que ordena reponer la audiencia inicial en contra de Alberto Sentíes Palacio, conocido como ‘lord Ferrari’, acusado como presunto responsable de los delitos de defraudación fiscal equiparada y defraudación fiscal, por un monto de 16 millones 595 mil 564 pesos.

El noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México revocó el fallo del primer tribunal colegiado de apelación de este circuito, al confirmar la determinación de un juez de control de no vincular a proceso a Sentíes. Los magistrados resolvieron que se deje sin efecto el auto de no vinculación a proceso emitido el 11 de octubre de 2023 en contra del implicado. En su resolución, los magistrados señalaron que “toda vez que la presentación de la querella por parte de la ofendida, ante la representación social, se hizo dentro de los cinco años continuos e ininterrumpidos que al efecto señala el artículo 100, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación en su texto vigente en la época de los hechos”, se debe proceder. Asimismo, indicaron que “en atención al principio de inmediación, se deberá designar nuevo juzgador, quien previa citación de las partes, lleve a cabo nuevamente el desarrollo de la audiencia inicial, para finalmente dictar la resolución que en derecho proceda”.

En otro caso de justicia pendiente, Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, víctima de feminicidio en 2019 en la Ciudad de México, vio cómo a su agresor se le concedió prisión domiciliaria siete años después de los hechos. En marzo de 2019, Sánchez Ronquillo fue drogada y violentada por su entonces pareja sentimental Mario Alberto Sabag, quien la trasladó a un hospital; sin embargo, un mes y medio después de luchar por su vida, la mujer murió. La jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado 15 de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, dio al feminicida de Sánchez Ronquillo restricción domiciliaria.

La lentitud de los procesos penales también afecta el caso de Héctor Parra, detenido el 15 de junio de 2021 tras la denuncia de su hija Alexa Hoffman. El actor está por cumplir cinco años en prisión, mientras su sentencia sigue sin quedar firme. Primero recibió 10 años y 6 meses por corrupción de menores, después la pena subió a 13 años y 10 meses al añadirse abuso sexual y, más tarde, se ajustó a 12 años y 6 meses. La defensa de Alexa Hoffman no presentó en tiempo y forma un amparo adhesivo, un recurso clave que sirve para reforzar una resolución previa dentro del mismo juicio.

Respecto a la tragedia del Axe Ceremonia, donde murieron los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas por la caída de una estructura, la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, reveló que no han vinculado a proceso penal a los responsables. La investigación arrojó posible responsabilidad de varias entidades. “Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión, por ejemplo, del Plan de Protección Civil, empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo; la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”, detalló Alcalde Luján.

La funcionaria explicó que existen obstáculos procesales: “Entendemos que están revisando, que ellos han dicho, entre otras cosas, se les ha otorgado los mecanismos de mediación, para lograr un acuerdo reparatorio, que es una de las vías que permite el derecho penal en estos casos de homicidio culposo; pero hay descontento de una de las víctimas, quienes han incluso presentado una denuncia en contra de asesores jurídicos, por estar retrasando la justicia en estos casos”. Agregó que “esta Fiscalía tiene todos los elementos para continuar con el proceso penal, poder lograr la vinculación a proceso, de los probables responsables y atender —muy importante— a la voluntad de las víctimas, en cuanto a la forma de terminación de estos conflictos”.

Finalmente, en Jalisco, la caída de un árbol en una plaza pública de Tonalá provocó la muerte de un menor de edad en agosto de 2023. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) concluyó que el accidente estuvo relacionado con omisiones en el mantenimiento de arbolado urbano, pese a que existían reportes previos sobre el riesgo. Las investigaciones acreditaron que autoridades municipales tenían conocimiento del peligro desde al menos febrero de 2022 y julio de 2023, cuando se presentaron solicitudes formales para la revisión y poda de los árboles, emitiendo respuestas oficiales de manera tardía, incluso después del fallecimiento.