Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir la investigación complementaria por tres meses contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’. La decisión de la magistrada Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal, se tomó tras constatar que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a la defensa, vulnerando el derecho del imputado a una defensa adecuada. Farías Laguna se encuentra recluido en el penal del Altiplano, mientras que su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, está prófugo.
La causa penal 325/2025 se originó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación que desarticuló presuntamente a la organización ‘Los Primos’, la cual operaba desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El exvicealmirante es señalado como cabecilla de esta red. La defensa del imputado, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó ante la jueza que la FGR incumplió un plazo de cinco días para facilitar el acceso al expediente completo, obstaculizando la preparación de su estrategia legal.
La resolución judicial, emitida en marzo de 2026, constituye una tutela de derechos a favor del acusado. La jueza Vieyra Valdés determinó que la negativa fiscal representaba una violación procesal que debía subsanarse, por lo que concedió un nuevo plazo de tres meses para una investigación complementaria, durante la cual la defensa deberá tener acceso pleno a las pruebas. Este caso pone en evidencia las tensiones entre las instituciones de procuración de justicia y los derechos de los imputados en procesos de alto perfil.
El contexto del caso revela la penetración de redes criminales en instituciones estratégicas como la aduana y la implicación de altos mandos militares en actividad ilícita. Previamente, el imputado había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones a sus derechos, aunque los detalles específicos de dichas alegaciones no han sido divulgados públicamente. La reapertura de la investigación prolonga un proceso judicial que ha captado la atención por el nivel del acusado y el volumen del ilícito.
Lo que sigue es el desarrollo de la investigación complementaria en el plazo fijado, donde la FGR estará obligada a colaborar con la defensa. El avance de este caso será una prueba para el sistema de justicia penal federal en casos de corrupción y crimen organizado de cuello blanco, y podría tener repercusiones en otros procesos similares. La defensa buscará aprovechar este nuevo periodo para revisar a fondo las pruebas en su contra, mientras la fiscalía deberá consolidar su acusación de organización criminal y contrabando.
