Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos. La decisión judicial fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo en el Centro de Justicia de Mexicali.
La magistratura determinó que existían las pruebas necesarias para formular la imputación, dando paso a la siguiente etapa del proceso legal. La audiencia de vinculación a proceso ha sido programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas, donde se decidirá si el exmandatario queda sujeto a proceso penal por los hechos investigados.
El caso se centra en inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto energético contratado durante la administración de Bonilla. La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia surgió debido a dichas irregularidades en el proyecto y enfatizó que no se trata de un tema personal, sino de una cuestión de legalidad administrativa.
Por su parte, Jaime Bonilla Valdez mantiene su defensa argumentando que el estado nunca se comprometió directamente a construir la planta fotovoltaica, indicando que la responsabilidad recaía en la empresa Next Energy. El exgobernador afirmó que únicamente existía una garantía de depósito destinada a pagar la primera mensualidad y calificó como una “narrativa errónea” las versiones presentadas por la administración actual y los medios de comunicación.
Bonilla cuestionó la selectividad de la justicia, señalando que él solo presentó una iniciativa que fue aprobada por el Congreso de Baja California, y preguntó por qué no se ha citado a los diputados que avalaron dicho proyecto. Mientras se aguarda la audiencia de vinculación, la investigación judicial continúa analizando los detalles específicos de las pruebas presentadas por la fiscalía sobre la retención y regreso de los fondos mencionados.
