Madrid, 03 de abril de 2026.- El gobierno de Donald Trump habría solicitado investigar el caso de eutanasia de Noelia Castillo, una joven española de 25 años. Según informaciones citadas por medios, el Departamento de Estado instruyó a la embajada de Estados Unidos en Madrid para recabar datos sobre la actuación de las autoridades españolas y las circunstancias en que se autorizó su muerte asistida.
El New York Post asegura que funcionarios bajo anonimato informaron que dicha instrucción incluye investigar también la actuación de las autoridades en torno a las agresiones sexuales que sufrió la joven. El documento, según estas fuentes, insta a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español la “seria preocupación” de Washington por lo que considera “muchos fallos sistémicos de derechos humanos” en este caso. El Departamento de Estado sostiene tener conocimiento de informaciones según las cuales Castillo habría mostrado ciertas dudas sobre el procedimiento, las cuales habrían sido ignoradas.
Ante estos reportes, el Ministerio de Sanidad de España ha asegurado que no ha recibido ninguna petición de información por parte de EE UU. El gobierno español defendió la legalidad del sistema sanitario que hizo posible la eutanasia de Noelia Castillo y criticó la intervención de Trump en asuntos internos. La joven parapléjica recibió la prestación de ayuda para morir el pasado jueves, tras un periplo judicial de casi dos años en el que hasta cinco instancias judiciales avalaron su decisión.
Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña, defendió el sistema sanitario de España y aseguró que se trata de un “ataque malintencionado”. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, respondió señalando que “en Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán”.
García añadió en su réplica: “Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”. La titular de Sanidad enfatizó que “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”.
