Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, mientras que el comité anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General.

El gobierno mexicano señaló que el informe omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan y refutó que “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.

Según el gobierno mexicano, el informe del CDF se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, y abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017, correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) indicó que su decisión se basa en información que “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

El CED advirtió que en algunos casos recibió “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”, aunque subrayó “que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas”.

En contraste, el gobierno mexicano sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

En medio de la controversia, el gobierno presentó su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006.