Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La gestión hídrica en México enfrenta un escenario dual con medidas técnicas para enfrentar la sequía y denuncias ciudadanas de corrupción. Mientras la Subdirección General de Agua (SEGIAGUA) capitalina anunció interrupciones parciales del suministro para una distribución más equitativa, ejidatarios de San Antonio de los Bravos, San Luis Potosí, acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de tráfico de influencias a favor de un comité alterno.
Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que se aplicarán tandeos en algunas zonas, aunque sin especificar municipios o un cronograma detallado. Esta medida se da en un contexto donde el Sistema Cutzamala, principal fuente de agua para la capital y zona metropolitana, reporta un almacenamiento superior al 80%, mostrando una recuperación parcial respecto a los niveles críticos de 2025.
En contraste, en San Luis Potosí, ejidatarios denunciaron públicamente actos de corrupción y tráfico de influencias al interior de Conagua, lo cual, aseguran, beneficia a un comité ejidal alterno en su comunidad. Esta acusación pone en entredicho la gestión técnica del recurso y revela conflictos por el reconocimiento oficial de los órganos de representación comunitaria para el manejo del agua.
Paralelamente, el gobierno de San Luis Potosí instaló el Consejo Técnico Consultivo del Agua, un órgano que busca fortalecer la gestión hídrica estatal mediante asesoría especializada. En el norte del país, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, Durango, lanzó una licitación pública para la rehabilitación de su infraestructura, un proyecto que requerirá una inversión superior a los 500 millones de pesos e involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro.
Estas acciones ocurren en un marco nacional donde, según reportes, el 16% del territorio enfrentó sequía de moderada a severa durante 2025. La crisis de infraestructura hídrica ha impulsado proyectos de rehabilitación urgentes en múltiples estados, combinando la respuesta técnica oficial con un creciente descontento social por presuntas irregularidades en la administración del vital líquido.
