Torreón, 27 de marzo de 2026.- Víctimas de un presunto fraude inmobiliario se manifestaron este jueves en las inmediaciones de la Delegación Regional I de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Torreón, donde bloquearon parcialmente la circulación para exigir celeridad y justicia. El grupo, que inicialmente agrupaba a 27 personas, acusa a las autoridades de tortuguismo en la integración de carpetas de investigación por un daño patrimonial reportado cercano a los 19 millones de pesos.

Carlos Rangel, delegado regional de la FGE Laguna I, informó que hasta el momento se han presentado 60 denuncias formales relacionadas con este caso, conocido extraoficialmente como el ‘Cártel Inmobiliario’. El funcionario detalló que se han girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados y confirmó la detención de dos mujeres, además de la reaprehensión de otra persona. Rangel aseguró que la mayoría de las carpetas ya están integradas y judicializadas, y que se estableció una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo.

No obstante, los afectados discrepan con la versión oficial. Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención adecuada, citando que en una ocasión fueron convocados a las 9:00 horas y atendidos hasta las 19:00 horas sin resultados concretos. Serrano también señaló que el fiscal no responde a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado previamente y sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan.

Según reportes periodísticos locales, las víctimas indican que solo dos casos han sido judicializados de las 60 denuncias presentadas. Asimismo, denuncian que uno de los principales actores, identificado como el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, habría huido a España, mientras que otro implicado ha sido detenido y liberado en tres ocasiones. La Fiscalía mantiene que los acuerdos reparatorios son legales cuando cuentan con la aceptación de la víctima.

La tensión entre las partes persiste mientras la FGE continúa con sus operativos. El delegado Carlos Rangel reconoció que aún falta localizar a dos personas vinculadas a las investigaciones. Por su parte, los manifestantes mantienen su exigencia de que se ejecute la ley contra todos los responsables y se repare el daño sufrido por las familias afectadas en la región lagunera.