Por Redacción
Florida, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de México activó protocolos de atención consular y exige una investigación exhaustiva tras la muerte de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años que falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. El deceso, ocurrido el 16 de marzo, marca la cifra de 13 muertes de migrantes en centros de detención estadounidenses durante 2026 y la número 42 desde el inicio de la administración de Donald Trump.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que mantiene contacto directo con los familiares de la víctima y trabaja en coordinación con el Consulado General de México en Miami para brindar asistencia legal y humana. El canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario Roberto Velasco analizan las medidas diplomáticas a seguir, incluyendo la posibilidad de solicitar informes oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, cuya causa aún se encuentra bajo investigación.
El caso ha generado alerta en las autoridades mexicanas debido a la recurrencia de estos eventos. Antecedentes registrados por organizaciones de derechos humanos y forenses independientes han cuestionado versiones previas del ICE que atribuyeron otros decesos a suicidios, lo que motiva una postura de cautela y demanda de transparencia por parte de la diplomacia mexicana.
Si bien el nombre del centro de detención varía en los reportes iniciales entre “Centro de Detención del Condado de Glades” y “Glades County Detention Center”, la prioridad actual del gobierno federal es establecer los hechos concretos que rodearon la muerte del joven. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha instruido a su gabinete para seguir de cerca el desarrollo de las indagatorias estadounidenses.
Esta protesta diplomática se suma a la presión internacional sobre las condiciones de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Mientras se esperan los resultados de la investigación interna del ICE, las autoridades mexicanas enfatizan la necesidad de proteger la integridad de los connacionales y garantizar que se haga justicia en caso de negligencia o abuso.
