Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador avanzó en la presentación de una propuesta legislativa para imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reciente reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo. La iniciativa, impulsada por los ministros de Seguridad y Defensa, busca equiparar las sanciones para adolescentes con las ya establecidas para adultos en casos de homicidio, violación y terrorismo.
La medida representa un cambio drástico en el sistema penal salvadoreño, donde hasta ahora la condena máxima para cualquier infractor, incluidos los menores, se limitaba a 60 años de prisión. La modificación fue posible tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una enmienda a la Constitución que eliminó la prohibición explícita de las penas de por vida, allanando el camino para endurecer las sanciones contra la criminalidad grave.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, titular de Defensa, han sido los funcionarios encargados de promover públicamente esta extensión de la pena capital. Aunque la investigación no detalla las declaraciones específicas de ambos funcionarios, su participación confirma que la propuesta cuenta con el respaldo de las carteras clave del gabinete del presidente Nayib Bukele.
La norma que incluye a los menores en el régimen de prisión perpetua deberá ser sometida a discusión y votación en el Congreso en los próximos días. El ejecutivo busca consolidar este marco jurídico como parte de su estrategia de seguridad, que ha priorizado la reducción de la violencia mediante sanciones severas.
Este movimiento legislativo se da en un contexto de transformación del orden jurídico nacional, donde la administración de Bukele ha modificado estructuras constitucionales para permitir medidas que anteriormente estaban vedadas. La propuesta actual genera expectativa sobre los criterios que se utilizarán para definir la edad mínima aplicable y los mecanismos de implementación para los adolescentes involucrados en delitos de sangre o contra la libertad sexual.
Se espera que en las sesiones legislativas inmediatas se revelen los detalles técnicos del proyecto de ley, incluyendo la definición exacta de “menor” bajo esta nueva normativa y los procedimientos para la ejecución de la pena. Mientras tanto, la sociedad salvadoreña observa la evolución de este proceso que podría redefinir la responsabilidad penal juvenil en el país.
