Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la parálisis presupuestaria que ha provocado una crisis operativa en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). La decisión, anunciada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, busca mitigar el impacto de las ausencias masivas de personal de seguridad, aunque ha generado inmediatas críticas por parte de legisladores y gobernadores que cuestionan la eficacia y la naturaleza de la medida.
La crisis se origina en un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lleva cinco semanas, tras el rechazo del Senado por quinta vez desde febrero a su financiamiento. Esta situación ha dejado a miles de empleados de la TSA trabajando sin sueldo completo desde el 14 de febrero, desencadenando una tasa nacional de ausencias del 11.76% reportada el 22 de marzo y más de 400 renuncias. Como consecuencia, los tiempos de espera en las terminales se han disparado: casi tres horas en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, dos horas en George Bush de Houston y más de una hora en el JFK de Nueva York.
Ante el colapso inminente, el DHS movilizó a agentes del ICE para asumir tareas auxiliares como el manejo de filas y la vigilancia en las terminales afectadas. Sin embargo, informes indican que estos agentes no cuentan con la capacitación necesaria para realizar funciones críticas de seguridad, tales como la operación de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos. Esta limitación técnica ha llevado a que la medida sea calificada por diversos reportes como una solución incompleta que no logró resolver el problema de fondo durante su primer día de operaciones.
La reacción política no se hizo esperar. Andre Dickens, alcalde de Atlanta, donde se registraron las demoras más severas, expresó su preocupación por la situación. Por su parte, Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, calificaron la estrategia de inaceptable y generadora de riesgos, argumentando que es ajena a la misión principal del ICE. Incluso dentro del partido republicano, la senadora Lisa Murkowski manifestó reservas sobre la eficacia del despliegue para restablecer la normalidad en los viajes aéreos.
La tensión entre la narrativa gubernamental, que presenta el despliegue como una ayuda necesaria para aliviar la carga de la TSA, y las críticas que apuntan a su ineficacia, define el escenario actual. Mientras el gobierno insiste en que la presencia de agentes federales es vital para mantener el flujo de pasajeros, los detractores subrayan que la falta de personal especializado en los puntos de control de seguridad sigue siendo el cuello de botella que mantiene a los viajeros atrapados en largas filas.
Este operativo marca un punto de inflexión en la gestión del cierre gubernamental, evidenciando la dificultad de sustituir personal técnico con fuerzas de orden en funciones de seguridad aeroportuaria. La resolución de la parálisis presupuestaria sigue sin tener un plazo estimado claro, manteniendo la incertidumbre sobre cuánto tiempo deberán operar los aeropuertos bajo este esquema de emergencia y qué consecuencias podría traer para la seguridad nacional y la economía del transporte aéreo.
