Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, como respuesta urgente a la crisis operativa en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) derivada del cierre parcial del gobierno federal. La decisión, coordinada con Tom Homan, asesor presidencial en materia migratoria, tiene como objetivo cubrir los puestos vacantes dejados por miles de agentes de seguridad que han abandonado sus funciones o no se han presentado a trabajar debido a la falta de pago de salarios durante más de un mes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece cerrado desde el 14 de febrero de 2026, consecuencia de un bloqueo presupuestario en el Congreso relacionado con desacuerdos en políticas de inmigración. Esta situación ha dejado sin remuneración a aproximadamente 50,000 agentes de la TSA, provocando una ola de ausencias que ha colapsado la operación en terminales estratégicas. Reportes indican que más de 300 agentes han dejado sus puestos definitivamente, mientras que el 10% del personal no se presentó a laborar el 15 de marzo, generando filas extensas y cancelaciones masivas de vuelos.
La afectación es particularmente severa en la región de Nueva York y Nueva Jersey. Datos de la Autoridad Portuaria revelan que las ausencias alcanzaron el 28.2% en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), el 25.84% en LaGuardia (LGA) y el 13.83% en Newark. Ante este escenario, la administración Trump movilizó personal de ICE para realizar tareas de screening y control de seguridad en estas instalaciones, así como en otros nodos críticos como Atlanta (ATL) y Chicago (ORD). Existen discrepancias en los reportes sobre el número exacto de aeropuertos intervenidos, oscilando entre 13 y 14 según las fuentes consultadas.
La medida ha generado críticas inmediatas por parte de legisladores demócratas y sectores opositores, quienes argumentan que desviar a una agencia migratoria de su función principal para cubrir roles de seguridad aeroportuaria representa una improvisación peligrosa. Los críticos señalan que los agentes de ICE no cuentan con la formación específica para las tareas de la TSA y que esta acción podría derivar en tensiones operativas o legales dentro de los terminales aéreos.
El contexto político subraya la gravedad del estancamiento legislativo. Mientras el cierre del DHS continúa sin fecha de resolución, la operación de los aeropuertos depende de medidas paliativas extraordinarias. Aunque el despliegue busca restablecer la fluidez en los viajes aéreos, persiste la incertidumbre sobre la duración de esta intervención y la capacidad de los agentes de inmigración para sostener la operatividad a largo plazo sin la estructura especializada de la TSA.
La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte estadounidense ante las disputas presupuestarias en Washington. Con miles de viajeros enfrentando retrasos diarios, la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para llegar a un acuerdo que reabra el DHS y restablezca los pagos a los trabajadores de seguridad se ha intensificado, aunque hasta el momento no se han anunciado avances concretos en las negociaciones.
