Por Redacción
Guadalajara, 23 de marzo de 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisaría de Guadalajara y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio, llevaron a cabo el desmantelamiento de un mini casino ilegal operando en la ciudad. El operativo contó también con la participación de elementos de la DEFENSA y resultó en la aseguración de máquinas tragamonedas, así como la intervención de una persona empleada del local.
La acción se fundamenta en la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada en noviembre de 2023, la cual prohibió explícitamente la operación de este tipo de dispositivos en establecimientos que no cuenten con permisos federales vigentes para funcionar como casinos. La normativa busca cerrar el espacio a la operación irregular de juegos y sorteos en comercios comunes como abarrotes o farmacias.
Debido a la naturaleza de la infracción relacionada con leyes federales, el caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República para las investigaciones y procedimientos legales correspondientes. Las autoridades locales y federales mantuvieron la operación conjunta para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de juegos y sorteos.
El desmantelamiento representa la aplicación directa de la política de restricción de máquinas tragamonedas en la vía pública y comercios no autorizados, una medida que ha sido implementada en diversos puntos del país desde la entrada en vigor de la nueva regulación. La intervención en Guadalajara se suma a los esfuerzos reportados por las dependencias de seguridad para eliminar estos puntos de juego ilegal.
Las autoridades no especificaron la cantidad exacta de máquinas aseguradas ni la identidad completa de la persona empleada intervenida, mientras que el nombre o razón social del negocio clausurado tampoco fue divulgado en los reportes iniciales del operativo. La investigación continúa bajo la coordinación de la FGR para determinar las responsabilidades administrativas y penales derivadas de la operación ilícita.
