Monterrey, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó la detención de dos personas identificadas como Astrid “N” y César “N”, presuntos administradores de la red social conocida como “La Tía Paty”, quienes son investigados por extorsión digital al exigir dinero a cambio de retirar publicaciones difamatorias.

Agentes ministeriales ejecutaron las órdenes de aprehensión en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, específicamente en los sectores de Contry y Cumbres. Tras su captura, los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la dependencia estatal mantiene la investigación en curso.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la operación de estas cuentas en redes sociales se utilizaba para la difusión de contenido sensible o comprometedora, para posteriormente contactar a las víctimas y exigir pagos para eliminar el material. En uno de los casos documentados durante las indagatorias, se llegó a solicitar hasta 500 mil pesos para borrar una publicación que involucraba a un profesional de la salud.

Reportes de medios indican que lo que inició como una página de chismes locales evolucionó hacia un esquema de cobro de suscripciones y chantaje. Algunas fuentes señalan que la plataforma migró parcialmente a canales de mensajería privada para difundir material más explícito, aunque existen discrepancias sobre si operaba exclusivamente en Instagram o en múltiples plataformas simultáneamente.

Además del delito de extorsión, circulan reportes no confirmados oficialmente que vinculan a los detenidos con posibles esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como con el uso indebido de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad. La Fiscalía ha señalado que estas líneas de investigación están siendo analizadas conforme se integran nuevos elementos probatorios.

La cuenta, que llegó a reunir a miles de miembros, fue eliminada de sus principales plataformas tras meses de polémica y denuncias ciudadanas por vulnerar la privacidad de particulares, emprendedores y figuras públicas. La autoridad enfatizó que no se descarta la participación de más personas ni la ampliación de los cargos conforme avance el proceso legal.