Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Entre el 20 de enero de 2025 y el 16 de abril de 2026, Estados Unidos ha deportado a México a 203,685 connacionales, según datos reportados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

De la cifra total de deportados, 164,444 arribaron al país por vía terrestre y 39,441 por vía aérea. Para atender este flujo, el Gobierno de México dispone de ocho centros de atención ubicados en siete entidades federativas, los cuales tienen una capacidad total para albergar a 1,600 personas.

Rosa Icela Rodríguez declaró que “México te Abraza, es un programa de la mente y el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los paisanos que vienen repatriados de Estados Unidos y regresan a nuestro país”.

Por otro lado, Human Rights Watch denunció que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, más de 18,000 personas cubanas y de otras nacionalidades fueron deportadas de Estados Unidos a México mediante acuerdos entre ambos gobiernos. La organización señaló que las personas cubanas representaron el grupo más numeroso dentro de este segmento, con al menos 4,353 deportaciones registradas en el periodo analizado.

La documentación de Human Rights Watch incluyó 53 entrevistas realizadas principalmente en Tapachula y Villahermosa entre febrero y abril de 2026 con personas que fueron trasladadas a territorio mexicano sin ser originarias del país.

En el contexto de las políticas migratorias estadounidenses, medios internacionales reportan que la mortalidad en centros de detención del ICE alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas. La tasa de mortalidad en custodia pasó de 13 muertes por cada 100,000 personas en 2023 a 88.9 en enero de 2026, mientras que el número de detenidos aumentó de aproximadamente 39,000 a más de 70,000 desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En medio de este escenario, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso permitir a la policía local colaborar con el ICE si existe ‘causa probable’ de que una persona haya cometido un delito grave o violento. Ante esta propuesta, la Legal Aid Society advirtió: “Cualquier política que otorgue a las fuerzas del orden estatales o locales amplia discrecionalidad para colaborar con las autoridades federales de migración corre el riesgo de abrir la puerta a la discriminación y el abuso”.