Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en el proyecto de los ‘Parques de la Memoria’, señalan la destrucción de más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas y la manipulación irregular de monumentos en sitios como Chetumal y el parque Balam Tun.
Los denunciantes, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, apuntan directamente contra Diego Prieto, exdirector del INAH, así como contra Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los especialistas, las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, utilizando maquinaria pesada y explosivos que habrían comprometido la integridad de los sitios históricos.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, uno de los voceros de la agrupación denunciante, señaló que hasta 2026 no se ha logrado la recuperación de más de 62,000 estructuras mayas afectadas por las obras. Además, cuestionó la intervención en 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se acusa que las piezas fueron desmanteladas y recombinadas, alterando su contexto original y valor histórico.
Las contradicciones en los reportes iniciales han generado debate sobre la naturaleza exacta de los daños; mientras algunas fuentes hablan de destrucción total por dinamita y retroexcavadoras, otras describen procesos de ‘deconstrucción’ y mezcla de elementos en los parques memoriales. No obstante, los especialistas insisten en que estas prácticas constituyen un ‘crimen de lesa arqueología’ y buscan llevar el caso ante el Ministerio Público para que se investiguen las responsabilidades administrativas y penales.
Este conflicto interno dentro del INAH pone en evidencia la tensión entre la preservación del patrimonio cultural y la ejecución de megaproyectos de infraestructura en el sureste mexicano. La comunidad académica espera que las autoridades judiciales reciban las pruebas documentales y periciales que respaldan las acusaciones, lo que podría derivar en sanciones ejemplares para los funcionarios involucrados y una revisión profunda de los protocolos de salvamento arqueológico en futuras etapas del Tren Maya.
La presentación formal de las denuncias marcará un punto de inflexión en la política de protección cultural del país, obligando al gobierno federal a responder sobre las irregularidades señaladas por sus propios expertos. Mientras tanto, la vigilancia de los sitios en Campeche, Xpujil y Quintana Roo se ha intensificado para evitar que continúen las intervenciones no autorizadas mientras se resuelve el litigio.
