Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- La muerte de dos profesoras a manos de un estudiante de 15 años en una escuela preparatoria de esta ciudad ha detonado un debate nacional sobre la pertinencia de juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos graves. El hecho, ocurrido el martes 24 de marzo, dejó como saldo a Tatiana Madrigal Bedolla y a María del Rosario Sagrero Chávez fallecidas, mientras las autoridades estatales determinaron que el caso se tramitará bajo el sistema de justicia para adolescentes, aunque con la imputación de cargos severos.
Carlos Torres Piña, fiscal general de Justicia de Michoacán, informó que solicitará que el menor, identificado como Osmar “N”, sea juzgado por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. El funcionario reconoció que el rifle AR-15 utilizado en el ataque es ilegal, carece de registro y ingresó al país de manera ilícita, precisando que la pena máxima contemplada en la legislación actual para un adolescente de esta edad es de tres años de internamiento, en contraste con los hasta 50 años de prisión que enfrentarían si fueran adultos.
Ante la magnitud del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que todo indica que el ataque fue planeado y que las víctimas eran el objetivo específico del agresor. En relación con el marco jurídico, la mandataria afirmó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, al tiempo que anunció un programa nacional de salud mental para estudiantes de secundaria y educación media superior.
Por su parte, familiares de las docentes asesinadas han exigido públicamente que el proceso judicial contra el adolescente se lleve a cabo bajo la ley de adultos. Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, sostuvieron que la naturaleza planeada del hecho demuestra que no se trató de un acto impulsivo, por lo que consideraron que la sanción prevista para menores resulta insuficiente ante la pérdida de dos vidas.
La Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los deudos y a la comunidad educativa, reiterando su compromiso de trabajar para construir entornos escolares seguros y libres de violencia. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del armamento y esclarecer las motivaciones detrás del ataque, en un contexto donde la Fiscalía de Michoacán prioriza la rehabilitación del menor conforme a la ley vigente, pese a la presión social y familiar para modificar el enfoque punitivo.
