Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis estructural en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó un punto crítico este 2026, donde únicamente 1 de cada 10 casos logra una resolución efectiva, según datos presentados por la organización México Evalúa. Este escenario de impunidad se combina con una violencia extrema contra las fuerzas de seguridad, pues entre enero y el 10 de marzo de este año, 82 policías fueron asesinados en todo el territorio nacional, reporta la agrupación Causa en Común.
La radiografía de la justicia, basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que aunque el 93.8% de las denuncias logran derivar en la apertura de una carpeta de investigación, el proceso se estanca rápidamente. Solo el 6.28% de estos casos logra avanzar hasta la acción penal, lo que demuestra una desconexión severa entre la recepción del delito y la persecución real del responsable.
La desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones es palpable en estados con altos índices de inseguridad. En Coahuila, el 90.7% de los delitos cometidos no fueron denunciados, mientras que en Durango la cifra asciende al 92.6%. Estos porcentajes reflejan una percepción generalizada de que acudir ante las autoridades no garantiza acceso a la justicia, alimentando un ciclo de invisibilidad delictiva.
En paralelo a la falla judicial, la seguridad de los operadores del sistema se ha deteriorado. El reporte de Causa en Común sobre los homicidios de policías en los primeros meses de 2026 subraya la vulnerabilidad de las corporaciones frente al crimen organizado. La muerte de 82 uniformados en menos de tres meses evidencia no solo la capacidad ofensiva de los grupos criminales, sino también la falta de protección efectiva para quienes están encargados de aplicar la ley.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa, sirve como base para entender que estas cifras no son un fenómeno aislado, sino la consolidación de un modelo ineficaz. La organización civil enfatiza que la alta tasa de impunidad desincentiva la denuncia y debilita el estado de derecho en su conjunto.
Ante este panorama, expertos en seguridad y justicia penal advierten que sin reformas profundas que aseguren la transición de la carpeta de investigación a la acción penal, así como estrategias reales de protección policial, el sistema continuará colapsando. La combinación de una justicia que no resuelve y una violencia que mata a sus propios agentes plantea un desafío urgente para la administración federal en este 2026.
