Nuevo México, 25 de marzo de 2026.- Un jurado condenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, al pago de 375 millones de dólares en daños tras determinar que la empresa no protegió adecuadamente a los menores en sus plataformas y ocultó hallazgos internos sobre los riesgos que estas representan para los jóvenes. El veredicto, emitido al concluir un juicio de seis semanas en el que declararon 40 testigos, marca un precedente en la responsabilidad legal de las redes sociales frente a la seguridad infantil.
La fiscalía del estado de Nuevo México, representada por la abogada Linda Singer, acusó a la compañía de dirigir algoritmos que exponían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes y de engañar a los residentes sobre la seguridad real de sus aplicaciones. Durante el proceso se presentaron cientos de documentos, informes y correos electrónicos como prueba de que la empresa tenía conocimiento de los peligros y priorizó el crecimiento de la plataforma sobre la protección de los usuarios menores de edad.
Tras conocer la resolución, un portavoz de Meta declaró que la empresa “respeta pero no está de acuerdo con el veredicto” y confirmó que presentará una apelación. En su defensa, la compañía afirmó que trabaja arduamente para mantener seguras a las personas en sus plataformas y señaló la complejidad de identificar y eliminar a actores malintencionados, manteniendo la confianza en su historial de protección de adolescentes en internet.
Por su parte, la representación legal del estado destacó que la sentencia es una victoria para las familias que han sufrido las consecuencias de la decisión corporativa de anteponer ganancias a la seguridad. La cifra de 375 millones de dólares, aunque significativa, resulta inferior a los montos que la fiscalía había solicitado inicialmente basándose en el número de infracciones cometidas contra la infancia durante el periodo evaluado.
Este caso se distingue como uno de los primeros relacionados con redes sociales y seguridad infantil que logra un veredicto final de un jurado en Estados Unidos. La decisión judicial obliga ahora a la tecnológica a enfrentar las consecuencias legales de haber permitido, según lo determinado en el juicio, que depredadores contactaran con menores debido a fallos en sus sistemas de protección y a la ocultación de información crítica sobre los riesgos de sus servicios.
