Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición integrada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó este jueves una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocatoria de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial, radicada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumenta que la decisión federal de febrero de 2026 carece de validez legal al ignorar el consenso científico sobre el cambio climático.
El núcleo de la controversia reside en la anulación de la llamada ‘determinación de peligro’, una conclusión científica emitida en 2009 durante la presidencia de Barack Obama, la cual establecía que el dióxido de carbono y otros gases representan una amenaza directa para la salud pública y el bienestar. Dicho hallazgo constituyó el fundamento jurídico que permitió a la EPA regular las emisiones provenientes de vehículos, centrales eléctricas y pozos de petróleo y gas durante las últimas dos décadas.
Según los demandantes, la administración republicana actuó ilegalmente al desestimar décadas de investigación que vinculan la quema de combustibles fósiles con el calentamiento de la atmósfera, la acidificación de los océanos y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos. La Casa Blanca ha justificado la derogación de la norma alegando que su permanencia generaba graves daños a la industria automotriz y elevaba los precios para los consumidores, prometendo con su eliminación más de un billón de dólares en ahorros regulatorios.
Se prevé que esta nueva ofensiva legal se incorpore a una demanda anterior presentada por grupos ecologistas, conformando así la mayor batalla jurídica contra el desmantelamiento de la política climática federal. Organizaciones como el Center for Biological Diversity, la American Lung Association y el Sierra Club ya habían cuestionado la medida, advirtiendo que ignorar la evidencia científica envía un mensaje equivocado y compromete la salud de las futuras generaciones.
Este litigio marca el más reciente capítulo en la judicialización de las políticas de la segunda presidencia de Trump, quien ha reiterado su convicción de que el calentamiento global antropogénico es un engaño. Mientras los estados buscan restablecer la autoridad del gobierno para regular la contaminación, incluso si no la ejerce activamente, el caso queda a la espera de resolución en los tribunales federales, en un contexto donde la guerra cultural sobre el medio ambiente se ha intensificado entre la protección ambiental y el negacionismo climático.
