Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto. La toma de la instalación, propiedad de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, logrando detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien advirtió sobre las consecuencias del proyecto: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. Ante la falta de acción gubernamental previa, el líder indígena sentenció: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014 y la obra registra actualmente un 88% de avance. El proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Para ello, la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el producto, descargando el agua en la bahía con una temperatura de hasta tres grados más que la original.
Los manifestantes señalan que ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales y tumbado manglares en la bahía de Ohuira, sitio RAMSAR Santa María-Topolobampo-Ohuira, lo que ha provocado la migración de parte de la fauna. Un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí! sostiene que la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán, afectando directamente a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
En medio del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales” y confirmó que la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos públicos destinados al proyecto.
