Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la minuta que otorga a las personas contribuyentes la libre elección entre diferentes modalidades de garantía del interés fiscal. La reforma avanzó con una votación de 418 votos en pro, 0 en contra y 35 abstenciones, pasando al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La nueva legislación establece que la garantía fiscal deberá cubrir las contribuciones adeudadas, así como los accesorios causados y los generados en los próximos 12 meses. El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, defendió la reforma, subrayando que agiliza el proceso sin debilitar la defensa del contribuyente.

Yerico Abramo del Revolucionario Institucional señaló la necesidad de garantizar pagos más fáciles para los contribuyentes y expresó su abstención al dictamen. Ricardo Niño de Rivera del PAN afirmó que esta reforma corrige el error de lo que entró en vigor en enero.

Elías Lixa, coordinador del PAN, denunció a funcionarios de la Secretaría de Hacienda que llegaron y dieron sus argumentos y al término de ello se retiraran, lo cual considera una falta de respeto a la división de poderes. La morenista Claudia Rivera Vivanco señaló que la reforma fortalece los mecanismos de recaudación para disminuir la evasión fiscal.

Por otra parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reorganizó la política de revisión del gasto público mediante el nuevo Reglamento Interior del órgano fiscalizador, publicado el 1 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El nuevo documento elimina la figura de las auditorías especiales tradicionales y la sustituye por ocho unidades especializadas.

El ordenamiento se emitió unas semanas después de que el funcionario fuera electo por la Cámara de Diputados –el pasado día 10– para encabezar la institución en el periodo 2026-2034. El documento señala que los cambios buscan ‘fortalecer los procesos de fiscalización superior’ y mejorar la eficacia institucional en el análisis del ejercicio de los recursos públicos federales.

Entre las nuevas áreas sustantivas destacan dos unidades encargadas de revisar por separado el gasto ejercido por entidades federativas y municipios, respectivamente. El reglamento también incorpora entes dedicados al análisis del gasto energético y los recursos naturales, así como a infraestructura.

Se formó la Unidad Especializada en Seguimiento e Investigación, que concentrará las funciones relacionadas con la atención de recomendaciones derivadas de auditorías y la indagación de posibles faltas administrativas. Asimismo, se incorporan las áreas de Investigación y Auditoría Forense y de Inteligencia y Análisis.

En el ámbito político, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió audiencia en comisiones del Senado para dar la visión del INE en el Plan B. Ayer, siete de los once consejeros se desmarcaron diciendo que desconocían el contenido de esa comunicación y que no reflejaba una posición institucional.

En comisiones se dictaminó ese Plan B, que hoy suben al pleno, con la duda de si el PT y el senador Melgar del Verde, apoyen la revocación de mandato. La mayoría calificada de 128 senadores es de 86. Si hoy se ausenta el PT y otros dos senadores, bajará a ochenta que los suma Morena y el Verde.

Sobre el panorama económico, análisis señalan que México no está en crisis, pero tampoco está creciendo. Llevamos dos décadas con bajo crecimiento y productividad estancada. El propio informe reciente de la OCDE lo confirma: el crecimiento del ingreso por habitante ha sido persistentemente débil y no se espera que cambie en el corto plazo.

El país, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, encaran un catálogo de riesgos no visto en los tiempos recientes. Los riesgos incluyen: el control territorial del crimen organizado, la crisis por la reforma judicial y la eliminación de los organismos autónomos, el débil crecimiento económico, el disparo de la inflación, las finanzas públicas presionadas, Pemex como una carga estructural, su deuda que rebasa los cien millones de dólares, el limitado margen fiscal, las presiones de Donald Trump para operar militarmente en México contra organizaciones criminales, la crisis por la guerra en Irán, el disparo de los precios de los combustibles, las elecciones intermedias, su reforma electoral, las secuelas de las obras emblemáticas.