Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue respaldada por las bancadas mayoritarias en el recinto legislativo. Según reportes de la sesión, la votación registró 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones, aunque otras fuentes mencionan una aprobación con 458 votos a favor en lo general.

El nuevo marco constitucional fija como límite máximo de pensión la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. La medida impacta a jubilados de entidades como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banobras y Luz y Fuerza del Centro.

Durante el debate, la diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Señaló que los legisladores emitieron su voto con información imprecisa o falsa sobre los alcances reales del dictamen.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que pese a la inconformidad de su bancada, votarían a favor de la iniciativa. Advirtió riesgos de retroactividad y omisiones relevantes en el dictamen, señalando que están en contra de las pensiones doradas pero consideran que Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas.

El texto aprobado excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. También incorpora lenguaje inclusivo en el decreto.

La sesión se desarrolló entre protestas de jubilados de empresas públicas que intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro. La reforma ahora deberá ser discutida y aprobada por el Senado de la República para entrar en vigor.