Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El gobierno mexicano avanza en tres frentes críticos para la salud pública y la protección ambiental: la regulación de sustancias químicas peligrosas con apoyo de la ONU, la vacunación contra el sarampión en Coahuila y el combate a la pesca ilegal en Ensenada. Estas acciones fueron confirmadas por autoridades federales y organismos internacionales durante este mes.
Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, recibió 42 contribuciones durante su visita al país para elaborar recomendaciones sobre la regulación de químicos y plaguicidas. La iniciativa legislativa presentada por Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, busca establecer un marco jurídico más estricto para el manejo de estas sustancias, en el contexto de la impunidad que ha prevalecido tras el ecocidio en el Río Sonora de 2014.
El contexto global muestra más de 142 millones de sustancias químicas registradas en el mundo, lo que representa un desafío para la gestión de riesgos. Las contribuciones recibidas por el relator especial serán analizadas para formular propuestas que protejan la salud de las comunidades expuestas a contaminantes industriales y agrícolas.
En materia de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila reportó la aplicación de más de 147 mil dosis de vacuna contra el sarampión. Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora del IMSS en esa entidad, confirmó que la campaña busca prevenir brotes epidémicos y proteger a la población vulnerable, especialmente niños y adultos sin esquema de vacunación completo.
Paralelamente, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca aseguraron 25.11 toneladas de pesca ilegal en Ensenada, Baja California. El cargamento decomisado incluyó 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie. El operativo se realizó el pasado 18 de marzo, aunque las autoridades no identificaron a las personas o empresas responsables del cargamento.
Estas acciones reflejan los esfuerzos del gobierno federal por atender simultáneamente crisis ambientales, riesgos sanitarios y delitos contra los ecosistemas marinos. La coordinación entre dependencias como la Marina, Conapesca, el IMSS y el Legislativo busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante problemas que afectan la salud de la población y la sostenibilidad de los recursos naturales.
