Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Vivienda que modifican el marco jurídico para permitir que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) constituyan filiales dedicadas a la compra de terrenos, construcción, remodelación y renta de inmuebles. La votación en lo general registró 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular se aprobó con 354 votos positivos y 95 negativos.

Con esta modificación legislativa, se sustituye el concepto constitucional de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, alineando la normativa con nuevos criterios de habitabilidad. La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados defendieron la iniciativa como un modelo de “vivienda del bienestar”, argumentando que el cambio permitirá a las instituciones dejar de ser únicamente facilitadoras de crédito para convertirse en intermediarias directas en la producción de vivienda.

En contraste, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) objetaron la reforma. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, señaló que con estos cambios “se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores”, advirtiendo sobre los riesgos financieros que esto podría implicar para los derechohabientes. La oposición criticó que el nuevo esquema altera la naturaleza original de los organismos de vivienda.

De manera paralela a los debates en el recinto legislativo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció un programa estatal de vivienda social con respaldo federal. En el marco de este anuncio, se detalló una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos para la entidad, con la meta de aumentar la construcción de 33,800 a 65,000 viviendas. Actualmente, en Sonora se reportan 9,694 inmuebles en construcción y 18,126 en etapa de planeación.

La aprobación de estas reformas en el Congreso de la Unión marca un punto de inflexión en la política habitacional del país, al otorgar facultades operativas directas a los institutos de vivienda que anteriormente se limitaban a la gestión de créditos hipotecarios. El decreto ahora pasa a las siguientes etapas del proceso legislativo para su eventual promulgación y entrada en vigor, mientras persiste el debate entre el oficialismo y la oposición sobre el impacto real en el patrimonio de los trabajadores.