Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El gobierno federal anunció este lunes el desmantelamiento de la mayoría de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de combatir la opacidad y reducir los riesgos de corrupción en el sector energético. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un proceso de reestructuración, únicamente se mantendrán dos filiales de un número total que no fue especificado en el comunicado oficial.

Entre las entidades mencionadas que forman parte de la estructura actual de la petrolera se encuentran PMI Comercio Internacional y Fertinal, aunque el ejecutivo no detalló cuáles de ellas serán eliminadas ni cuáles continuarán operando. La decisión se enmarca dentro de la reforma energética impulsada por la administración federal, la cual busca consolidar a Pemex como una sola entidad bajo estricto control público y con reglas de transparencia reforzadas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno federal, las filiales existentes permitían hasta ahora contrataciones que escapaban a los mecanismos tradicionales de supervisión, lo que generaba espacios propicios para prácticas irregulares. Aunque se confirmó la necesidad de llevar a cabo procesos legales para concretar el cierre de estas empresas, no se ofreció un cronograma detallado ni se precisaron los impactos financieros y operativos estimados de la medida.

La estrategia responde a la política de austeridad y combate a la corrupción promovida por la actual administración, que ha puesto énfasis en la revisión de organismos descentralizados y empresas productivas del Estado. Hasta el momento, no se han divulgado los nombres específicos de las subsidiarias que serán disueltas, ni el número exacto total que será eliminado, datos que fueron señalados como información faltante en el reporte oficial.

Se espera que en los próximos días se difundan mayores detalles sobre la implementación de esta reestructuración, la cual representa un cambio significativo en la gobernanza de la principal empresa petrolera del país. La medida busca garantizar que todas las operaciones de Pemex se sujetan a los mecanismos de vigilancia establecidos para la administración pública federal.