Por Redacción

Torreón, 22 de marzo de 2026.- Una intensa agenda que combina anuncios de inversión pública, modernización de servicios y conflictos sociales definió las últimas 48 horas en la región de La Laguna. En medio de la evaluación final del desnivel de la calle 5 de Mayo y la apertura de canales de riego, surgieron discrepancias sobre cifras de detenidos en operativos de seguridad y se mantuvo la presión financiera sobre el organismo de aguas local.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, confirmó que la inversión final para la obra del desnivel en la calle 5 de Mayo ascendió a 115 millones 161 mil 989.28 pesos. De manera paralela, el gobierno municipal proyecta la llegada de entre 10 y 12 nuevos proyectos de inversión para la ciudad, aunque no se detallaron los montos específicos ni las empresas involucradas. En el ámbito de servicios públicos, se formalizó un contrato de limpieza con una vigencia de 25 años para la capital lagunera.

En el vecino municipio de Gómez Palacio, la alcaldesa Betzabé Martínez encabezó acciones relacionadas con la infraestructura hidráulica, específicamente en la rehabilitación de colectores sanitarios con una erogación superior a los 335 millones de pesos. Estas obras buscan mitigar problemas históricos de drenaje en la zona, mientras se intenta equilibrar las finanzas del sector agua.

La tensión social se manifestó en la comunidad de Dinamita, donde familiares de detenidos reportaron discrepancias en las cifras oficiales tras un operativo de seguridad. Mientras versiones extraoficiales hablan de alrededor de 30 personas detenidas, no existe una confirmación exacta por parte de las autoridades. Este incidente se suma a otros eventos de seguridad en la región, incluyendo un incendio en un yonke de Lerdo y otro siniestro en Ramos Arizpe, cuyas causas precisas y responsables aún están bajo investigación.

En el plano financiero, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón enfrenta adeudos acumulados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por un monto aproximado de 300 millones de pesos. Esta situación obliga a la búsqueda de acuerdos de pago para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en las plantas de bombeo y evitar sanciones federales.

La actividad en la región también incluyó la participación de organizaciones sociales como el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes mantienen vigilancia sobre los impactos ambientales de los proyectos urbanos. Por su parte, Ana Rosa Hernández Rentería, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Secope) de Durango, estuvo involucrada en los reportes de seguridad que marcaron este periodo de alta actividad institucional y social en la comarca.

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