Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió y ordenó la liberación de Javier ‘N’, el único hombre detenido por el asesinato del líder comunitario Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. La decisión judicial, tomada la noche del viernes 13 de marzo, se basó en la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en un caso marcado por la desaparición y muerte de testigos clave, lo que ha generado denuncias de una investigación plagada de irregularidades.

El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente tras una audiencia que inició el pasado 16 de febrero en Xochitepec. “Se dictó un fallo absolutorio”, señaló el litigante, sin proporcionar más detalles sobre el nombre del juzgado o el magistrado responsable. La Fiscalía de Morelos, encabezada en el momento de los hechos por Uriel Carmona, presentó inicialmente el testimonio de tres testigos para sustentar la acusación contra Javier ‘N’. Sin embargo, durante el proceso, se reveló que dos de esos testigos habían fallecido y el tercero se encuentra desaparecido, lo que dejó sin sustento la acusación.

La comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temoac, ha denunciado de manera constante lo que califica como una investigación “a modo”. Los pobladores aseguran que hubo fabricación de detenidos, siembra de pruebas, carpetas de investigación armadas y declaraciones falsas por parte de las autoridades. Samir Flores, víctima del crimen, era un reconocido opositor al Proyecto Integral Morelos, específicamente a la termoeléctrica de Huexca, y su asesinato, perpetrado a balazos frente a su domicilio, conmocionó a la región y al movimiento social en defensa del territorio.

El caso evidencia graves fallas en la procuración de justicia. La desaparición del entramado testimonial presentado por la Fiscalía no solo llevó a la absolución del único imputado, sino que deja el homicidio en la impunidad total, siete años después de ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre la apertura de una investigación interna o penal contra el exfiscal Uriel Carmona o otros funcionarios por las presuntas irregularidades en el manejo del caso.

Organizaciones de derechos humanos y la propia comunidad exigen que se reinicie una investigación real, independiente y transparente que esclarezca el crimen de Samir Flores y sancione a los responsables materiales e intelectuales. El fallo absolutorio representa un duro revés para la búsqueda de justicia y refuerza las acusaciones de que el Estado mexicano utiliza el sistema de justicia para criminalizar a defensores sociales mientras protege los intereses detrás de megaproyectos.

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