Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.
El reporte indica que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. En contraste, hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales, registrando un alza del 770% en el segundo mandato de Trump. Las detenciones de ICE por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia prácticamente se duplicaron en el último año.
Este aumento de las detenciones se tradujo en un incremento aún mayor, de cinco veces, en el número de deportaciones. La Administración Trump cuadruplicó con creces (4,5 veces) el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La liberación en un plazo de 60 días tras la detención se convirtió en un suceso excepcional, representando solo el 7%, mientras que la tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%.
Para financiar estas operaciones, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos. Florida y Texas son los dos estados con más adhesiones, con 270 y 161 respectivamente. Las autoridades locales en Florida han recibido más de 149 millones de dólares, y las de Texas unos 13 millones.
Según estimados de FWD, el DHS ha entrenado a entre 13,800 y 15,800 policías en todo el país para realizar labores de migración. Bajo el Gobierno de Trump, más de un 70 por ciento de las personas retenidas en centros de detención no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, señaló que el programa “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, aunque el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
La agresiva campaña ha generado incidentes violentos y tragedias humanas. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado del inmigrante, afirmó: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”. Lyons afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador, acusación que el abogado negó mostrando documentos de absolución.
Por otro lado, Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin acudir a un hospital por miedo a ser detenido y deportado por ICE, dejando cuatro huérfanos y una deuda funeraria de 34,000 dólares. Su viuda, Guadalupe, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. Desde que Trump regresó al poder, han surgido informes de agentes entrando en hospitales para realizar arrestos, una práctica prohibida años atrás como lugares sensibles que fue derogada como una de las primeras acciones del nuevo gobierno.
