Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa se aprobó con 377 votos a favor y 102 en contra, quedando sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República.
La reforma contó con el respaldo de la alianza integrada por Morena, PVEM y PT, así como del opositor Movimiento Ciudadano (MC). Por su parte, el PAN y el PRI votaron en contra de la propuesta. El diputado Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo respaldará la minuta, subrayando que su bancada votará a favor en los términos aprobados por el Senado: “La vamos a acompañar con toda contundencia”, dijo.
El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, fundamentó el proyecto asegurando que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales. Al respecto, señaló: “No podemos dejar de mencionar que tuvimos la oportunidad histórica de alcanzar una gran transformación que no sólo era electoral, sino hasta política y del Estado mexicano… sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o que simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento”.
Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez y Erubiel Alonso, ambos del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas. Durante el debate, la legisladora Laura Cristina Márquez criticó el contexto social: “Las madres buscadoras no tienen consuelo ni justicia, los enfermos no tienen atención ni medicinas ni hospitales… México se rezaga y no lo quieren ver, ya rompan el pacto, rompan el pacto ahora por las familias de México”.
Por su parte, la diputada Abigail Arredondo Ramos cuestionó la eficacia del ahorro planteado: “Esta reforma es incongruente porque el supuesto ahorro de recursos será insignificante frente al dispendio que hay todo el tiempo desde la federación con sus obras faraónicos e inservibles”.
La reforma establece que el Ayuntamiento estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, conforme a principios de paridad de género. Además, precisa que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa. También indica que las remuneraciones de consejeros electorales y magistrados no excederán el límite del artículo 127 constitucional.
En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026. Asimismo, se estipula que el presupuesto del Senado se ajustará de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la entrada en vigor del decreto, sin afectar derechos laborales. Cabe destacar que la reforma no contempla modificaciones a los periodos para realizar consultas de revocación de mandato, como lo había propuesto inicialmente el Ejecutivo federal.
