Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos en el país pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, afirmando que dicha categoría es “otra cosa” definida por la ONU que no se adapta a la situación nacional.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El organismo describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. Además, el informe destaca un agravamiento de la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021.
Sheinbaum advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y acusó al documento de estar “orientado” a “criticar” al Estado mexicano. La presidenta insistió en que las desapariciones son cometidas en su mayoría por organizaciones delincuenciales y no por el Estado. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó el documento señalando que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”. Alcalde rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y argumentó que el análisis se basa en estadísticas del periodo de 2009 a 2017 y se enfoca en apenas cuatro estados. Funcionarios del gobierno indicaron que un cribado administrativo arroja que solo un tercio de los registros, específicamente 43,128, correspondería a personas desaparecidas, tras detectar señales de actividad posterior en más de 40,000 casos.
En contraste, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, integrando información acumulada durante más de una década. El Comité subraya que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006.
Ante el rechazo gubernamental, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra la titular de la Comisión. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión del organismo internacional.
