Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, incorporándolo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La resolución fue emitida este 26 de marzo de 2026 desde Buenos Aires por la administración del presidente Javier Milei, en un proceso coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Mediante comunicados oficiales, la Oficina del Presidente y el Gobierno Nacional confirmaron que esta clasificación se basa en la acreditación de actividades ilícitas de carácter transnacional atribuidas al grupo criminal mexicano. Al quedar inscrito en el RePET, dependiente del Ministerio de Justicia, el CJNG queda sujeto a sanciones financieras y restricciones operativas dentro del territorio argentino, alineando al país sudamericano con medidas internacionales de combate al narcotráfico.
La decisión gubernamental toma como referencia la presencia reportada del CJNG en al menos 40 países, así como el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. La investigación contextual señala que este individuo fue detenido y falleció el 22 de febrero de 2026, evento previo a la emisión de la resolución argentina que ahora tipifica a la organización bajo leyes antiterroristas.
La incorporación al registro público implica que cualquier activo o operación financiera vinculada a la estructura del cártel podrá ser bloqueada o investigada bajo la legislación local. La medida representa un endurecimiento de la postura de seguridad nacional frente a grupos criminales extranjeros que operan o tienen vínculos en la región, aunque los comunicados no detallaron evidencia específica sobre operaciones actuales del CJNG dentro de suelo argentino más allá de la declaración general sobre sus actividades globales.
Con esta acción, Argentina se suma a los esfuerzos internacionales para desmantelar las redes financieras de organizaciones consideradas amenazantes para la seguridad global. La coordinación interministerial para emitir esta resolución subraya la prioridad que la actual administración otorga a la inteligencia de estado y al bloqueo de recursos para entidades dedicadas al crimen organizado trasnacional.
