Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque con una modificación sustancial que eliminó los puntos medulares relativos a la revocación de mandato. La decisión se tomó tras una negociación interna en la coalición oficialista, donde el Partido del Trabajo (PT) condicionó su apoyo a la exclusión de las modificaciones al artículo 35 constitucional.
La aprobación en lo general se logró gracias a la mayoría calificada obtenida con el voto conjunto de Morena y el PT, aliado histórico del movimiento. Sin embargo, durante la discusión en lo particular, la bancada petista presentó una reserva para desechar todo lo referente al mecanismo de revocación, argumentando la necesidad de conservar la naturaleza democrática del proceso en sus términos actuales. Esta postura fue confirmada en tribuna por Alberto Anaya, dirigente del PT, quien refrendó su respaldo a la presidenta pero marcó distancia con el contenido específico sobre la consulta ciudadana.
Como consecuencia de esta objeción, la minuta que será remitida a la Cámara de Diputados quedó mutilada en sus objetivos originales. Se descartó la posibilidad de que la revocación de mandato coincida con las elecciones de 2027 y se eliminó la propuesta que permitiría a la titular del Ejecutivo promover dicho mecanismo en campaña. De este modo, el proceso de evaluación presidencial mantiene las reglas vigentes, sin los ajustes que buscaba el gobierno federal para el tercer o cuarto año de gestión.
A pesar del rechazo a la revocación, la reforma avanzó con otros componentes enfocados en medidas de austeridad. Entre los puntos que sí fueron avalados se encuentran la reducción de regidurías en los ayuntamientos, el establecimiento de topes al gasto en los congresos estatales y la limitación de las remuneraciones para consejeros, magistrados y funcionarios electorales, quienes deberán percibir un salario menor al de la presidenta de la República.
Este episodio representa un segundo revés para la iniciativa de reforma electoral de la administración de Sheinbaum, luego de que una primera versión no alcanzara los consensos necesarios en la Cámara de Diputados. La aprobación parcial en el Senado obliga a reconfigurar la estrategia legislativa, reduciendo el alcance de la transformación del sistema electoral a ajustes administrativos y de gasto público, mientras se deja pendiente la reconfiguración de los mecanismos de participación ciudadana y representación proporcional.
Con la votación concluida en la cámara alta, el dictamen pasa ahora a revisión en San Lázaro, donde los diputados analizarán los cambios aceptados. El escenario político muestra una fractura en la coordinación de la coalición gobernante, donde el PT, con una representación minoritaria en el Senado, logró imponer su criterio en uno de los temas más sensibles de la agenda presidencial, frenando las aspiraciones de adelantar procesos de rendición de cuentas que pudieran impactar la dinámica electoral de mitad de sexenio.
